El Consejo de Ministros aprobó ayer la llamada Ley de Economía Sostenible, que incluye un apartado que permite el cierre de páginas web en cuatro días.
Como pasó en diciembre, un puñado de blogs han vuelto a publicar un manifiesto conjunto, en el que se dicen, entre otras cosas, lo siguiente:
1. Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.
2. La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial -un organismo dependiente del ministerio de Cultura-, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.
3. La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español…
Si bien estoy de acuerdo con los puntos 1 y 2 (sobre todo lo que destaco en negrita), a partir del tercero empiezan mis reticencias.
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