El Consejo de Ministros aprobó ayer la llamada Ley de Economía Sostenible, que incluye un apartado que permite el cierre de páginas web en cuatro días.
Como pasó en diciembre, un puñado de blogs han vuelto a publicar un manifiesto conjunto, en el que se dicen, entre otras cosas, lo siguiente:

1. Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.
2. La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial -un organismo dependiente del ministerio de Cultura-, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.
3. La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español…

Si bien estoy de acuerdo con los puntos 1 y 2 (sobre todo lo que destaco en negrita), a partir del tercero empiezan mis reticencias.
¿Es inseguridad jurídica cerrar páginas webs que propician o promueven un delito? Yo creo que no lo es.
A todos nos gusta la barra libre en internet, consumir música y cine de forma gratuita, pero quien genera contenidos debe poder cobrar por los mismos. Y eso lo digo desde el punto de vista que utilizo en este blog: no tengo publicidad ni gano un euro con estos artículos, que tienen una licencia Creative Commons y únicamente hacer mención de la fuente utilizada.
Pero que el manifiesto utilice este escudo no me parece bien:

«Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre».

Cada uno es muy dueño de utilizar el modelo de negocio que le dé la gana, sin que venga un listo que se lucre a su costa.