En una sociedad como la nuestra, especialmente sensibilizada en todo lo tocante a la violencia contra la mujer, no dejan de ser chocantes las acusaciones que han llevado a la cárcel, en Londres, a Julian Assange, el responsable de Wikileaks y de todo el follón que se han montado al hacerse públicos documentos internos (que no secretos) del Gobierno de Estados Unidos y que están haciendo mucha pupa a este y a otros muchos estados aliados.
Unas acusaciones que parten de dos mujeres que expresaron, al parecer, su negativa a relacionarse sexualmente con Assange si este no utilizaba preservativo durante esos encuentros, cosa que –dicen– sucedió finalmente. Lo que sí parece a los ojos de todo e mundo es que esta acusación es una mera treta para parar los pies a un individuo que ha puesto en ridículo a la diplomacia de medio mundo y que, esperemos, no acabe con él en una caja de madera.
Una detención que ha ido acompañada, en los últimos días y horas con duras medidas económicas: Paypal, Visa, Mastercard y hasta un banco suizo –algo que no han hecho ni con los nazis– han bloqueado las cuentas de la organización Wikileaks en un claro intento de estrangulación financiera.
Por todo ello no es extraña la petición de la nada sospechosa organización de Reporteros sin Fronteras:
RsF ha condenado en varias ocasiones los bloqueos, los ciberataques y las presiones políticas contra el sitio Wikileaks. Es, de hecho, la primera vez que constatamos un intento de censura a escala internacional de un sitio cuya vocación primera es la transparencia. Por ello, solicitamos a la justicia británica examinar el caso del señor Assange con toda la imparcialidad que se requiere, e independientemente de todas las presiones gubernamentales exteriores. Al parecer, las autoridades de algunos países buscan obtener la condena del señor Assange o al menos evitar que continúe sus actividades, para frenar las revelaciones de Wikileaks, en menosprecio de la libertad de información. Recordamos que Wikileaks ha realizado una útil labor haciendo públicas las gravísimas violaciones de los derechos humanos cometidas en nombre de la guerra contra el terrorismo durante el último decenio.
